Vivimos en un mundo donde el trabajo nos valida socialmente, para muchos somos lo que ganamos o el puesto que tenemos. Una concepción que es mucho más dura para quienes viven con discapacidad y que ven en el mundo laboral una barrera, casi imposible de vencer, y que se hace más difícil en el caso de las mujeres.
Según los datos de SENADIS existen aproximadamente 13 mil personas contratadas en el marco de la Ley de Inclusión laboral en Chile. Sin embargo, hoy el 66% de ese porcentaje corresponde a hombres, mientras que solo el 34% son mujeres.
Un porcentaje que supera en números a la realidad de las personas sin discapacidad, donde hoy el 50,6% de las mujeres en edad activa forma parte de la fuerza de trabajo nacional, versus un 74,4% de hombres. Números que reflejan la enorme desigualdad que hay en nuestro país, y que se acrecienta cuando se trata de personas con discapacidad.
Las cifras preocupan, sobre todo en Chile donde existen pocos avances en inclusión laboral, siendo este uno de los puntos más duros de abordar, y donde todo parece indicar que la normativa que exige contratar personas con discapacidad simplemente no se cumple.
La Ley de Inclusión Laboral entró en vigencia el 1 de abril de 2018 para las empresas públicas y privadas, y organismos del Estado con 200 o más trabajadores y a partir del 1 de abril de 2019 está vigente para entidades entre 100 y 199 trabajadores.
Se trata de un beneficio que esta destinado a todas las personas que reciban una pensión de invalidez de cualquier régimen previsional, además de las personas con discapacidad calificada previamente por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), dependiente del Ministerio de Salud, y/o a las instituciones públicas o privadas, reconocidas para estos efectos por ese Ministerio.
Sin embargo, Jimena Gómez, Fundadora de la Fundación InHoy, confirma la cruda realidad que enfrentan al momento de buscar un trabajo con contrato y el desinterés en general de las empresas por contratar gente con discapacidad: “Creo que las cifras son aún peores. Porque las multas son bajas, y a gran parte de las empresas no les interesa cumplir con la normativa”.
En la actualidad el cumplimiento de la normativa está muy lejos de lo esperado, en especial por las bajas multas que se establecen en la normativa, solo 60 UTM para los infractores, esto es 2,9 millones de pesos.
Un complejo problema, porque tal como señala Jimena Gómez: “Las mujeres con discapacidad sufren triple discriminación. Porque tienen que enfrentar la pobreza, tener discapacidad y por último ser mujer. Esto lo digo debido a que la mayoría de las personas con discapacidad se enfrentan a la pobreza extrema, a menos que tengan la suerte de tener una familia que los apoye, sino lo único que te queda es sobrevivir”.
Según sus palabras se trata de una discriminación que afecta también a quienes son profesionales, que se ven enfrentados en muchas ocasiones a trabajos para los cuales se encuentran sobrecalificados.
Sin duda es uno de los temas pendientes de nuestro país, donde se hace necesario una nueva legislación, que aborde este problema y permita sumar a más personas con discapacidad en el mundo del trabajo.